Al hacer un resumen del 2020 en Cuba se puede concluir que ha sido un año de transición hacia una ciudadanía más activa en defensa de derechos vulnerados por más de 60 años.

Por primera vez en mucho tiempo parece que las relaciones de poder comienzan a desplazarse hacia la ciudadanía, no tanto porque hayan cambiado las condiciones políticas y económicas autoritarias, sino porque las personas comienzan a organizarse de manera más consciente y a levantarse ante el poder al que siempre miraron desde una posición de indefensión.

Las nuevas herramientas de comunicación mediante dispositivos móviles y ordenadores han sido determinantes para romper el aislamiento como método de control y paralización social.

Por su parte, las redes sociales y medios independientes han sido muy útiles a los efectos de contrarrestar la propaganda oficialista; que ha tenido que rebajarse en indignas campañas de manipulación y asesinatos de reputación sin derecho a réplicas.

Esas herramientas tecnológicas han favorecido que aumente el número de personas, sobre todo jóvenes, que dentro y fuera de Cuba comienzan a manifestar su disentimiento político y, en muchos casos, ensayan e inician formas de activismo que van más allá de simples expresiones de malestar.

En los primeros meses del 2020 tuvo lugar la que tal vez haya sido la protesta social más grande a la que se haya enfrentado el gobierno cubano, frente a su negativa de cerrar las fronteras ante el peligro del Covid-19.

En el ámbito de las redes sociales, se han hechos comunes los videos de denuncias filmados en las calles, incluso con presencia policial; las cartas abiertas a funcionarios del régimen; las peticiones en plataformas de recogidas de firmas; sin subvalorar el poder de la “memecracia”, que pone constantemente en ridículo las chapucerías de la burocracia y la incapacidad del sistema.

Un análisis particular llevaría los ensayos de iniciativas legislativas parlamentarias (ILP) que constituyeron las recogidas de firmas a favor de una ley para atacar la violencia contra la mujer, y una contra el maltrato animal. Es cuestión de tiempo para que otras ILPs comiencen a ser utilizadas como métodos de lucha cívica dentro del propio entorno de la legalidad cubana.

A pesar de la lógica que pueden argumentar quienes se oponen al empleo de las propias leyes recogidas en la constitución del Partido Comunista de Cuba (PCC) y sus demás normas inferiores, no hay dudas de que obligar a un gobierno a violentar sus propias leyes tiene, al menos, un efecto de desmoralización.

Este ha sido un año donde mucho se ha puesto de manifiesto las violaciones de funcionarios y órganos de la Seguridad del Estado de derechos recogidos en la legalidad cubana. Esas violaciones han ocurrido fundamentalmente por la presión del activismo cívico, y más tarde o más temprano resultarán en la pérdida de legitimidad y credibilidad ante la comunidad internacional, y lo más importante, ante individuos en Cuba que aún permanecen pasivos por diferentes razones.

Tal vez, una de las cosas más interesantes del actual 2020, es que por primera vez la llamada oposición tradicional no ha sido la protagonista de las principales manifestaciones de lucha cívica.

Totalmente desvinculados de grupos de oposición llamados “contrarrevolucionarios”, han comenzado a alzar sus voces personas de admirable condición social y humana: escritores laureados, juristas brillantes, artistas reconocidos internacionalmente, médicos, líderes religiosos, maestros, campesinos, jóvenes intelectuales… Hay razones para pensar que esa masa crítica crecerá cualitativa y cuantitativamente en 2021.

Puede preverse que uno de los dos escenarios principales de activismo cívico en este 2021 se desarrollará en el terreno jurídico y de derechos humanos. Esto de algún modo se activó con la protesta de los miembros del Movimiento San Isidro y otros que se sumaron frente a la injusta encarcelación del rapero contestatario Denis Soliz, lo que luego se extendió al plantón frente al Ministerio de Cultura del 27N.

El otro escenario debe ser el económico, también, desde luego, relacionado con las leyes y derechos en ese ámbito. Aquí la urgencia de una Ley de Empresas y la inclusión de PYMES debe ser un objetivo fundamental.

Si bien existe claridad del control hegemónico del PCC desde el punto de vista político, refrendado en la constitución, para el cubano común puede ser menos fácil de entender las causas estructurales de la precariedad material a la que es sometido día tras día.

Luego de más de una década y dos congresos, el PCC no ha implementado los Lineamientos acordados en su máximo órgano de dirección estratégica, lo cual apunta a que otras son las fuerzas que deciden la vida económica del país, cuyas principales empresas están en manos de monopolios militares que nada tienen que ver con la propiedad socialista o pública, y sí con la existencia de una oligarquía que amenaza con perpetuarse como la clase poderosa en un inevitable escenario post-Castro.

Que se invierta desproporcionadamente el dinero del pueblo en hoteles controlados por militares, incluso con márgenes de ganancias decrecientes y contra la lógica económica; mientras no se desarrolla más la agricultura y el cubano de a pie padece hambre; es otra señal de cuáles son las prioridades, y de quiénes son los privilegios.

Mientras tanto, sistemáticamente se presenta a los pequeños emprendedores privados, lo cual incluye a un simple vendedor ambulante de verduras y viandas, como enemigos del pueblo por subir los precios de productos que deben adquirir más caros; como si los precios de los productos y servicios de los monopolios militares no fueran muchas veces más prohibitivos para el pueblo.

Cuba recibe el 2021 en un escenario de gran inflación que empeoraría la precariedad económica del país. A eso los cubanos, instruidos bajo preceptos de filosofía marxista, suelen llamarle condiciones objetivas necesarias para cambios políticos. Durante décadas, muchos han asumido que los anhelados cambios no han ocurrido porque han faltado las condiciones subjetivas, llámese liderazgo, conciencia cívica, activismo ciudadano; pero es muy posible que esas condiciones subjetivas ya hayan nacido en el 2020.