El fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos contra Clemente Pereira, un mexicano con más de 25 años en Estados Unidos, marca un precedente peligroso para los indocumentados con orden de deportación por delitos menores.
Clemente fue condenado en 2009 por el uso de un número de Seguridad Social ajeno para conseguir trabajo limpiando piso. A pesar que esta acción, muy común entre indocumentados, tiene como fundamento la necesidad de supervivencia de manera honrada, para el juez Neil Gorsuch es una “vileza moral”.
Gorsuch reafirmó su apego a la ley federal en este caso cuando apuntó: “Las personas que buscan alivio de las órdenes de deportación legales deben demostrar todos los aspectos de su elegibilidad”. Aunque no aclara las subjetividades internas de su decisión, pues la Suprema Corte ha ratificado en casos anteriores que los delitos menores no están sujetos a deportación inmediata.
Deportación. Entre la justicia y lo justo
El caso de Pereira abre el debate sobre lo legal y lo justo. Este indocumentado acusado de inmoral por un juez designado por Trump en 2017, infringió la ley para dar de comer con su trabajo a tres hijos, dos con residencia y otro ciudadano norteamericano. Cuando el derecho humano a un trabajo digno se ve obstaculizado por una reforma migratoria integral que aún no llega, cabe preguntarse, cuáles eran las opciones de Clemente Pereira… ¿De qué lado está lo correcto?
El Juez Gorsuch ni siquiera valoró la importancia de la presencia del padre en la culminación de la crianza de sus hijos. Cuando una decisión de un hombre pone en riesgo la familia y el bien supremo de hijos menores ciudadanos norteamericanos, entonces la ética conservadora de salvaguardar la familia, es retórica vacía.
La Corte estableció que los indocumentados que deseen cancelar su sentencia de deportación deberá presentarse con abogado para determinar si son elegibles para permanecer en Estados Unidos. Con estos truenos el resultado puede ser una pérdida de la confianza de los indocumentados en la buena fe de las instituciones federales.
Esta decisión, luego de la orden de deportación de Pereira, dispara las alarmas para una población que debe enfrentarse a los dictámenes de jueces conservadores de la línea de Trump. Esta acción de Gorsuch es contraria a la humanización de la política migratoria defendida por el presidente Joe Biden.
