La administración Biden anunció que los migrantes que se encontraban bajo los “Protocolos de Protección al Migrante” (MPP según sus siglas en inglés) en México podrán ingresar ordenadamente a territorio de Estados Unidos a partir del próximo 19 de febrero. Este paso rompe definitivamente con la política del presidente de Trump de contener en la frontera sur a los solicitantes de refugios

Se espera que entre 25 a 30 mil migrantes de diversas partes de América Latina y el mundo puedan beneficiarse de esta apertura. Que estas personas puedan abandonar México puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de muchos de ellos. Las bandas del crimen organizado pululan en la zona, son constantes las denuncias de los solicitantes de asilo sobre extorsiones y asesinatos de migrantes. 

Los inscritos en el “Protocolo de Protección al Migrante” darán seguimiento a sus casos de refugio en cortes norteamericanas dentro del país. Gran parte de ellos podrán reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos, lo que humanizará el proceso legal.

Ruptura total

Esta decisión no supone la regularización de los miles de migrantes parte del MPP. Las posibilidades de negación del refugio es alta. En caso de no haber caminos de legalización de estatus muchos podrían terminar deportados. Por tal razón se espera que se tomen medidas para el seguimiento de los solicitantes dentro de Estados Unidos, que puede ir desde la retención en instituciones migratorias hasta el libre tránsito con grillete electrónico para un rastreo efectivo. 

Plantear este cambio radical de política inmigratoria supone un desembolso agresivo del presupuesto del Estado. Tan solo en la operación de entrada los más de 25 mil solicitantes de asilo deberán realizarse un test de covid. El valor promedio de la prueba rápida ronda los 60 USD. El hecho de poner el primer pie en Estados Unidos costará 1 millón 500 mil dólares. Los positivos llevarán cuidados especiales y medicamentos costosos. 

Es plausible que la administración Biden en medio de la crisis económica generada por la pandemia destine millones a garantizar un proceso seguro para los solicitantes de asilo. Esta postura va más allá de lo pragmático y apuesta por el lado humano en la política de la mayor democracia del hemisferio occidental.