Colombianos en las calles, foto de MARCHA PATRIÓTICA

Las calles de las principales ciudades colombianas siguen llenas de gente, en un Paro Nacional ahora enfocado contra el gobierno de Iván Duque, radicalizado tras el retiro del polémico proyecto de reforma tributaria y que ha sido escenario de una inusual violenta represión contra manifestantes pacíficos.

Cali es la urbe donde más actos de violencia policial, desmanes y vandalismo se registran. Su alcalde Jorge Iván Ospina, se reunió con embajadores de varios países en un gesto que el jefe comunal catalogó como “fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía y enviar un mensaje de resiliencia”, y reconoció que la mayoría de los manifestantes son jóvenes, “entre 14 y 25 años, que tienen un reclamo exigente de orden nacional”.

A tenor con la sangrienta represión estatal, la ONG Temblores, emitió un Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos de violencia física y homicida cometidos por la Policía Nacional de Colombia en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional.

El texto, fechado el martes 4 de mayo, afirma: “Desde hace seis días venimos alertando a la comunidad internacional de la gravísima situación de derechos humanos debido a la violencia con la que el Estado, a través de su fuerza pública, ha decidido reprimir a los manifestantes”.

La presión continúa en las calles

Temblores llamó a los manifestantes a que “evite participar de las protestas después de las 6:00 PM” y asegura trabajar “en la documentación, el registro y la atención legal en casos de violencia policial” tras constatar que “existen acciones articuladas, premeditadas y deliberadas por parte de la fuerza pública de violentar a la ciudadanía para, de esa forma, sembrar terror e impedir que se ejerza el derecho constitucional a la protesta social”.

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Temblores, una ONG defensora de los derechos humanos, de la Constitución y de los principios del Estado Social de Derecho, expone en su comunicado que “actualmente, no solo no existen garantías para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, sino que existe una directriz interna en los organismos de la fuerza pública de atacar la vida y la integridad de las personas que salen a la calle a reclamar sus derechos.

“Colombia está atravesando por una gravísima situación de derechos humanos: El Estado colombiano declaró una guerra armada en contra de los manifestantes pacíficos”, sentencia Temblores, a tono con lo que vive el país caribeño de 50 millones de personas sumido en una profunda crisis política, de salud y social.

Colombia bajo represión

Durante las últimas horas, el equipo de la ONG ha trabajado rigurosamente por verificar y triangular las denuncias registradas en sus canales de comunicación, y alertó a medios informativos, la comunidad internacional y la ciudadanía que su plataforma GRITA registró entre las 6:00 del 28 de abril y las 8:00 del 4 de mayo del 2021, a nivel nacional 1443 casos de violencia por parte de la fuerza pública. Entre ellos:

  • 216 víctimas de violencia física
  • 31 víctimas de violencia homicida
  • 814 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
  • 239 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas
  • 21 víctimas de agresiones oculares
  • 77 casos de disparos de arma de fuego
  • 10 víctimas de casos de violencia sexual

“Ya hemos alertado a la comunidad internacional en repetidas ocasiones de esta grave situación, ante la cual, lastimosamente, no vemos una pronta mejora. Hoy, en este punto, solo nos queda implorarles a nuestros gobernantes y a la fuerza pública que paren esta masacre ya”, reza el reclamo de Temblores.

¿OEA y ONU?

Entre los organizadores del Paro Nacional y la ciudadanía en general han crecido en las últimas horas críticas cada vez más contundentes a diferentes actores regionales y representantes de organismos internacionales como la OEA y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

“¿Dónde están ahora (Luis) Almagro y (Michele) Bachelet?”, es un grito generalizado junto a carteles como “Hay que ser ciegos para no ver que son fusiles contra ollas” en las calles colombianas, denunciando la parcialidad de los referidos en cuestiones como Ecuador, Venezuela y Bolivia, en comparación con los sucesos de Colombia.

Mientras tanto, el país se encamina hacia una nueva jornada de protestas generalizadas, pues la Coordinadora del Paro Nacional ha dicho que continuarán. La violencia estatal; que incluye también cortes de internet para evitar la difusión de sucesos y organización de manifestantes, solo ha resultado en una mayor radicalización de las exigencias ciudadanas.