Cristina Fernández, foto de Ministerio de Cultura de la Nación

Amplio revuelo internacional persiste por la demanda de la vicepresidenta argentina contra Google, que “publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad, información falaz y agraviante en relación con Cristina Fernández de Kirchner, mancillando su nombre, imagen y honor”, según consta en el escrito presentado por su abogado Carlos Beraldi.

Se trata de la publicación en el motor de búsqueda de la definición “Ladrona de la Nación” en lugar del cargo actual detentado por la agraviada, que permaneció activa entre el 17 y el 23 de mayo de 2020 y que al ser detectado, generó una intimación a Google para el retiro de la misma.

El gigante de internet pretendió eximirse de culpa, pero fue retrucado en fallo unánime por toda instancia judicial argentina resaltando su responsabilidad. Se solicitó pericia que detalle cómo se genera la publicación, qué tiempo estuvo activa, cuántas visualizaciones, visitas e interacciones tuvo, qué acciones tomó la empresa, entre otras requisitorias.

El propio buscador afirma tener 3 billones de visitas por día y por eso sólo la propia empresa tiene acceso a los datos de cuánta gente vio o interactuó con la publicación, por lo que es crucial la pericia informática. Se busca preservar los datos que faciliten, entre otras cosas, calcular el daño ocasionado y la operatoria desarrollada para vulnerar los derechos de Kirchner.

La batalla de la Kirchner contra Google

La acción judicial plantea una cuestión compleja y profunda propia de estos tiempos: ¿Existe defensa para las víctimas de estas acciones perpetradas por un gigante informático como Google? Cuando las mentiras y difamaciones tienen plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable.

Cristina Fernández no es la primera vez que demanda a medios por agraviarla. Es conocida la indemnización por decenas de miles de euros pagada por el conocido diario “Corriere Della Sera”, condenado por tribunales italianos por publicar mentiras injuriosas contra su persona. La actual demanda busca establecer un criterio jurisprudencial que garantice protección de derechos e intimidad para la Argentina y quién sabe si más allá.