La Defensoría del Pueblo de Colombia reveló que 19 personas murieron y 846 fueron heridas durante las manifestaciones en el país contra la fracasada reforma tributaria del presidente Iván Duque. En Cali, donde se registran los mayores disturbios, son 11 los fallecidos plenamente identificados.

El Paro Nacional y las movilizaciones se mantendrán en todo el país, según informó el Comité Nacional de Paro en rueda de prensa. Si bien consideran un triunfo del pueblo el retiro de la reforma tributaria, aún se tienen peticiones como la desmilitarización de las ciudades y una vacunación masiva.

Asimismo, solicitaron que se desmonte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), el proyecto de salud 010, una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal, subsidios a las miPymes, matrícula cero y no a la alternancia educativa, entre otras, por lo que convocaron nuevas «movilizaciones pacíficas y democráticas en todo el país».

Duque dio una violenta marcha atrás respecto a la reforma tributaria, pero las personas siguen con descontento generalizado por cuenta del mal manejo de la pandemia del covid-19, la vacunación y, además, una reforma a la salud que también afectaría en gran medida a los colombianos.

La caída de la reforma tributaria ya hizo rodar las cabezas del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, y su vice Juan Londoño, autores del paquete que suponía aplicación del IVA a servicios públicos (energía, gas, acueductos y alcantarillado) a alimentos básicos de la canasta familiar (huevo, pollo, leche y arroz, entre otros), así como los servicios fúnebres.

Los sindicatos y organizaciones sociales iniciaron protestas en el país de 50 millones de habitantes para exigirle a Duque el retiro del proyecto y en principio el mandatario se negó, con el argumento de que la reforma era necesaria e inaplazable para estabilizar las finanzas públicas y mantener los programas de asistencia social.

Durante las protestas se registraron disturbios y actos de vandalismo en Bogotá, Medellín y Cali, donde encapuchados atacaron sucursales bancarias, oficinas gubernamentales, saquearon establecimientos comerciales e incendiaron estaciones de transporte público y autobuses y el gobierno sacó al ejército a las calles.

Duque declaró que “la asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existen alto riesgo para la seguridad de los ciudadanos y donde se necesite emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población”, según el diario El Espectador. Sin embargo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lo rechazó, por considerarlo “innecesario”.

“La movilización pacífica fue mayoritaria y vibrante en Bogotá. Algunos actos vandálicos aislados obligaron la intervención policial. Pese a las dificultades del día, nuestra policía tiene la situación bajo control. No se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización”, tuiteó.

Colombia se erige así en la cuarta nación Latinoamericana que se rebela contra el alza de servicios e impuestos asfixiantes en el lapso de dos años. Entre el 2019 y hasta hoy Chile, Paraguay y Ecuador se convirtieron en volcanes de gente irredenta, exigiendo mejores manejos gubernamentales de la crisis sanitaria, de la economía y contra la corrupción.

Mención aparte merece Perú, donde la inestabilidad política, económica y los males de la pandemia, mantienen un malestar generalizado que ha visto pasar tres presidentes en menos de seis meses luego de la caída de Martín Vizcarra y se aboca a un cambio de rumbo en las próximas elecciones en segunda vuelta.

Al parecer, la región se encamina hacia la persistente conciencia del aserto del periodista estadounidense Mumia Abu-Jamal de que “Obedecer al gobierno no es la tarea del pueblo, sino que obedecer al pueblo es la tarea del gobierno”. Amén…