A fines de los ‘80, a un economista del sectorial provincial de Gastronomía en Las Tunas, se le orientó que elaborara un proyecto para intentar salvar a la gastronomía en medio de las condiciones que se avisoraban con la pérdida de los subsidios y otros beneficios económicos de la URSS.

El economista trabajó con su equipo en la elaboración del proyecto, que básicamente proponía transferir a gestión privada más del 80% de la gastronomía provincial. Cuando el proyecto fue analizado por sus superiores y el Partido, desde luego fue desaprobado, bajo el criterio de que aquello era incompatible con la Revolución.

Al igual que en la anécdota anterior, hoy existe un debate económico en el que se plantean criterios sustentados en leyes generales del mercado ‒como el rol de la gestión privada y las relaciones entre oferta, precios y demanda‒, frente a criterios esencialmente políticos. Ese debate surge a partir de las subidas de salarios al sector presupuestado, y el tope de precios a comerciantes privados para evitar la inflación que la lógica del mercado supone al haber más dinero circulante.

Dicho de otro modo, frente a la propuesta de aplicar principios de la economía de mercado ‒que luego del ‘90 se convirtió cada vez más en una realidad para el comercio interior y el exterior de Cuba‒, se impone una voluntad política por parte del Estado de mantener lineamientos que son anteriores a las condiciones actuales, surgidos y desarrollados en un contexto socioeconómico diferente, que se desplegó desde el 1959 hasta finales de los años ‘80s.

Algunos economistas cubanos (Pedro Monreal, Juan Triana, Ileana Díaz, etc.) han explicado cuestiones básicas y otras de mayor complejidad en relación con las actuales medidas de topar precios al sector privado, y otras medidas que afectan a los “cuentapropistas” (TCP). De esos análisis se infiere que las medidas implementadas no son la solución más acertada para detener la inflación y desbalances entre oferta y demanda que supuestamente agudizará el incremento de dinero circulante.

Uno de los argumentos meramente económicos que los representantes del Estado esgrimen como justificación para topar los precios a los TCP, es el hecho de que sus gastos no aumentarán; por tanto no hay razón para que suban los precios. Fuera de eso, se plantean cuestiones relacionadas con las particularidades de una economía socialista, las condiciones de un país bloqueado, y la necesidad de proteger a sectores menos favorecidos de la sociedad.

Algo a notar es que muchos de los que critican las medidas del Estado cubano, no ven como algo negativo en sí las subidas de salario del sector presupuestado, ni son contrarios a la economía socialista, ni desconocen las condiciones de un país bloqueado.

Sus argumentos se dirigen mayormente a la necesidad de concentrar esfuerzos en el ámbito de la producción como vía para incrementar las ofertas de bienes y servicios, lo que redundaría en precios más balanceados. También llaman la atención sobre el papel del sector privado y todo lo positivo que podría generarle a la economía en las condiciones actuales del país.

Es en ese punto en el que podrían retomarse viejas interrogantes, y ensayarse respuestas. A este redactor, que conoce más de caldosa que de economía, se le ocurren ahora solo unas pocas preguntas, muy simples. Por ejemplo:

¿Por qué el Estado cubano, a diferencia de otras naciones socialistas como China y Viet Nam, no aprovecha las potencialidades de los emprendedores privados para la economía nacional, y lejos de facilitarles la vida, parece que los ve como un mal necesario al que hay que mantener en su mínima expresión posible?

¿Por qué el Estado prefiere que millones de dólares se vayan solamente a Panamá, por ejemplo, para la compra de “pacotilla”, cuando podrían crearse condiciones en Cuba para el desarrollo legal de ese tipo de comercio?

¿Por qué el Estado no brinda las condiciones para que nuestro principal capital, el humano, no se “fugue” de Cuba y realice sus aspiraciones de emprendimiento y le aporte a nuestro país en lugar de a otros?

¿Por qué si se topan los precios de los privados para que el salario del trabajador rinda, no se reducen los precios de los mercados estatales en CUC, hacia el cual, según estudios, irá la mayor parte del incremento salarial?

¿Por qué el Estado prefiere la existencia de un mercado negro, al fomento de una economía privada legal, organizada y fiscalizada?

El paternalismo ‒algunos preferirán emplear otros términos más duros‒ tal vez esté presente en algunas de las respuestas.

Para los cubanos no es secreto que el paternalismo impuesto por el Estado ha sido uno de los mayores males en la sociedad cubana.

El paternalismo ha sido incluso criticado por los principales dirigentes de la Revolución, no tanto como una (auto)crítica a sus causas, sino a modo de reproche cuando la gente quiere que el Estado le resuelva hasta cuestiones elementales; como si no fuera eso consecuencia de la política del Estado en su función de proveedor absoluto y omnipresente hasta del pan con croqueta de la esquina, y de una caldosa en Las Tunas que no pudo ser salvada.

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